El SERCOP es el organismo rector de toda la contratacion publica en Ecuador — su registro es la unica fuente oficial sobre quien ha sido contratista del Estado. Este certificado confirma que CONSTRUHIDROCAB CIA. LTDA. (nombre comercial: CONCRENOR), senalada por la acusacion como beneficiaria de contratos estatales, NO registra ningun procedimiento adjudicado ni finalizado en toda la historia del sistema nacional. Si la empresa nunca fue contratista del Estado, los contratos que fundan la condena no pueden haber existido.

El CPCCS es la institucion que presento la denuncia que origino este proceso. Requerida por una jueza constitucional (Habeas Data 13959-2023-00142) a producir los contratos que fundamentaron su propia acusacion, el CPCCS respondio oficialmente: NO existe contrato alguno referente al caso Reconstruccion de Manabi. El acusador certifica que los contratos de su denuncia no existen.

Informe final de la Comision Especializada de la Asamblea Nacional sobre la fiscalizacion de la reconstruccion de Manabi. Una comision parlamentaria independiente reviso la gestion del proceso. Documento de control politico independiente sobre el mismo proceso que la Fiscalia persigue penalmente.

Ley aprobada por la Asamblea Nacional que establecio tres ejes de inversion para la reconstruccion: infraestructura, reactivacion productiva y recuperacion social. La priorizacion de proyectos aprobada por el Comite se enmarco en estos tres ejes legalmente definidos — no fue una decision arbitraria. La acusacion omite que la ley misma autorizaba los tipos de proyectos ejecutados.

Decreto Ejecutivo que creo el Comite de Reconstruccion y definio las funciones de cada rol. El Articulo 7 establece las funciones del Secretario Tecnico: sistematizar la planificacion y dar seguimiento a los proyectos. Sin voto en el Comite. Sin firma contractual. Sin manejo de fondos. Este decreto prueba que la Secretaria Tecnica no tenia capacidad legal para adjudicar, firmar ni influir en ningun contrato.

Convocatoria oficial del 19 de mayo de 2017 para la sesion del Comite. Prueba que la reunion fue convocada con 72 horas de anticipacion, con agenda tecnica adjunta y 75 fojas de soporte tecnico. Destruye la tesis de la acusacion de que la priorizacion fue improvisada y realizada sin planificacion previa.

Acta oficial de la sesion del Comite del 22 de mayo de 2017 — la sesion que la acusacion uso como centro de su narrativa. Registra la aprobacion por unanimidad de todos los miembros votantes. El Secretario Tecnico unicamente suscribio el acta en su rol de secretario, sin voto ni capacidad de influir en el resultado de la votacion.

Resumen oficial de ejecucion presupuestaria del Ministerio de Finanzas, corte a febrero 2020. Los numeros desmontan una de las mentiras centrales del proceso: la acusacion sostiene que al priorizar los proyectos cuestionados se dejaron sin financiamiento obras mas importantes. La realidad documentada es la contraria: de un total autorizado de USD 2.991 millones provenientes de mas de 20 fuentes (Ley de Solidaridad, BID, Banco Mundial, BEI, EXIMBANK, donaciones internacionales), el saldo disponible al corte de febrero 2020 era de USD 766,55 millones. Habia recursos suficientes y asegurados para todos los proyectos. No hubo desvio, no hubo recorte de otros proyectos, y la reconstruccion quedo con financiamiento garantizado. Los fondos fueron administrados directamente por el Ministerio de Finanzas — no por el Comite ni por la Secretaria Tecnica.