La acusación se resume en una frase: se robaron los recursos de la reconstrucción y por eso las obras no continuaron.
Es una frase fácil de repetir y fácil de comprobar. El recorrido del dinero está documentado por la Asamblea Nacional y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Vale la pena seguirlo paso a paso.
Primer hecho: el período acusado es el que más ejecutó
El plan de reconstrucción fue de 2.964,95 millones de dólares.
Entre 2016 y mayo de 2017 se ejecutó el 59%, unos 1.749 millones. La fuente propia del país, la Ley de Solidaridad, llegó a un 93,67% de compromiso y ejecución presupuestaria.
Ningún gobierno posterior se acercó a ese ritmo. Entre 2018 y 2020 se ejecutó el 14,3% del plan.
Si el dinero hubiera desaparecido en 2016 y 2017, la ejecución de esos años sería baja. Es la más alta de todo el período.
Segundo hecho: lo que pasó con el dinero después de 2017
| Qué pasó | Monto | Cuándo | Consecuencia penal |
|---|---|---|---|
| Créditos del BEI, exclusivos para la reconstrucción, usados en el programa de vacunación. No devueltos | ~$100 millones | Gobierno de Lasso | Ninguna |
| Fondos del muelle de cabotaje de Manta desviados a otras fuentes. Se ofreció restituirlos en 2020 y no se restituyeron | ~$26 millones | Gobierno de Moreno | Ninguna |
| Recursos disponibles que nunca se asignaron a ninguna obra. Al 31 de marzo de 2021 seguían ahí | $631 millones | 2018 en adelante | Ninguna |
| Saldo que quedaba de esa cuenta tres años después, en febrero de 2024 | $117 millones | Gobiernos de Lasso y Noboa | Ninguna |
| 118 proyectos priorizados y nunca ejecutados, despriorizados formalmente | $350,64 millones | Gobierno de Noboa, 2024 | Ninguna |
La tercera y la cuarta línea de esa tabla hay que leerlas juntas, y el Ministerio de Finanzas explicó por qué ante la Comisión de Fiscalización. Como el ritmo de ejecución no permitía pedir los desembolsos antes de que los créditos vencieran, el Ministerio rescindió valores e hizo devoluciones. No es que alguien se llevara ese dinero: dejó de estar disponible para Manabí y Esmeraldas porque no se ejecutó a tiempo.
A esto se suma un episodio documentado en el mismo informe de fiscalización: el Ministro de Finanzas Simón Cueva escribió al embajador de China pidiendo liberar fondos que eran exclusivos para vialidad de Manabí y Esmeraldas, para destinarlos a otros proyectos del gobierno. El Ministro de Transporte ni siquiera fue notificado.
Ninguno de estos hechos generó un proceso penal.
Tercer hecho: el «perjuicio» de la sentencia no es dinero faltante
La sentencia fija un perjuicio de 225,4 millones de dólares. Conviene entender de dónde sale esa cifra.
No es un faltante de caja. No es un dinero que se buscó y no apareció. Es la suma de presupuestos asignados a un grupo de proyectos.
Hay un detalle que la sentencia no resuelve: el único administrador de los fondos era el Ministerio de Economía y Finanzas. La Secretaría Técnica de Reconstrucción no manejó cuentas, no adjudicó contratos y no firmó contratos. El Comité prioriza a nivel de proyecto, nunca a nivel de contrato. Quienes contrataban eran las entidades ejecutoras, como Ecuador Estratégico y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Para que exista peculado tiene que haber un caudal público bajo administración del procesado. Aquí no lo hubo.
Una advertencia sobre las cifras
Es tentador sumar todos los montos de la segunda tabla y presentar un gran total. No se debe hacer.
Esas partidas vienen de cortes distintos, de 2017, 2021 y 2024, y pueden solaparse entre sí. Son acciones sucesivas de gobiernos distintos, no un único agujero. Documentarlas una por una es más sólido que sumarlas.
Del mismo modo, los recursos planificados y no ejecutados no son un saldo que el Gobierno de la Revolución Ciudadana haya retenido. Son recursos que dependían de desembolsos y decisiones posteriores.
Qué queda en pie
La reconstrucción no se detuvo por un robo en 2016 y 2017. En esos años se ejecutó más que en ningún otro momento, y el BID auditó el proceso y lo calificó como una historia de éxito.
Se detuvo a partir de 2018, cuando los gobiernos siguientes dejaron de priorizar, desviaron créditos que eran exclusivos para la reconstrucción y no asignaron 631,91 millones de dólares.
Todo eso está documentado por la propia Asamblea Nacional y por el Ministerio de Finanzas. Y ninguna de esas decisiones tuvo consecuencia penal.
Fuentes: Informe de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, Sesión No. 029-2023-2025 del 20 de marzo de 2024. Informe técnico y jurídico de despriorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, agosto de 2024. Sentencia de primera instancia. La sentencia no está ejecutoriada: el caso está en apelación.