La curva de ejecución: cuándo se construyó y cuándo se detuvo la reconstrucción

Hay una pregunta que se puede responder con números oficiales, sin opinar: ¿en qué años se ejecutó el dinero de la reconstrucción del terremoto del 16 de abril de 2016?

La respuesta está en el Informe de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. No es una versión de la defensa. Es el Estado midiéndose a sí mismo.

El plan y su tamaño

En junio de 2016, con más de 40 expertos de CEPAL, PNUD, ACNUR, BID, Banco Mundial y CAF, se estimó el costo de la reconstrucción en unos 3.343 millones de dólares. Era una estimación y un piso, no una cifra cerrada: seguían las réplicas y varios estudios estaban en curso.

De ahí salió el plan «Reconstruyo Ecuador», con un presupuesto de 2.964,95 millones de dólares.

Año por año

Año Quién gobernaba Ejecución (millones USD) % del plan Acumulado
2016 Correa / Glas 1.186,25 40,01% 40,0%
2017 Correa / Glas hasta mayo. Moreno desde mayo 563,14 18,99% 59,0%
2018 Moreno 158,57 5,35% 64,4%
2019 Moreno 167,47 5,65% 70,0%
2020 Moreno 98,21 3,31% 73,3%
Total ejecutado 2016-2020 2.173,64 73,31%

El Ministerio de Finanzas publica la ejecución por año, no por mes, y 2017 es un año partido: el Gobierno de la Revolución Ciudadana terminó en mayo. Por eso la tabla no reparte ese año entre dos gobiernos. Dice quién gobernaba en cada tramo y deja la cifra anual como está en la fuente.

Lo que muestra la tabla

En los dos primeros años del plan, entre 2016 y 2017, se ejecutaron 1.749 millones de dólares: el 59% de todo el plan. Ese es, exactamente, el período por el que se dictó la condena.

En los tres años siguientes, entre 2018 y 2020, se ejecutó el 14,3%.

Esa caída no es el descenso natural de un proyecto que termina. Es una parada. El propio Prefecto de Manabí lo dijo ante la Comisión de Fiscalización:

«hasta 2018… se ejecutaban [las obras], y desde ese año prácticamente el plan… se lo dejó un poco abandonado, las obras se paralizaron.»

Y sobre las fechas, para ser exactos: el Gobierno de la Revolución Ciudadana terminó en mayo de 2017. La Secretaría Técnica de Reconstrucción siguió funcionando hasta enero de 2018, ya bajo el gobierno de Moreno, por inercia y sin que se ejecutara mucho más.

Qué pasó de 2021 en adelante

La tabla anterior llega hasta 2020 porque ese es el corte del cuadro oficial que se entregó a la Asamblea, con datos al 31 de marzo de 2021.

Pero hay una segunda fuente, y es del mismo Ministerio. El 1 de marzo de 2024, el Ministro de Finanzas subrogante compareció ante la Comisión de Fiscalización y actualizó la serie él mismo:

«en el año 2020 se ejecutó 90.95 millones de dólares; en el año 2021 se ejecutaron 74.2 millones; en el 2022 se ejecutaron 96.63 millones, y el 2023 35.91 millones, es decir, el ritmo de ejecución es bastante más bajo en los años posteriores a la reconstrucción.»

Año Quién gobernaba Ejecución (millones USD) % del plan Acumulado
2021 Lasso 74,20 2,50% 75,6%
2022 Lasso 96,63 3,26% 78,8%
2023 Lasso hasta noviembre. Noboa desde noviembre 35,91 1,21% 80,0%
2024 a 2026 Noboa Sin cifra publicada
Total ejecutado 2016-2023 2.373,12 80,0%

Esta actualización también corrige 2020: el Ministerio lo cerró en 90,95 millones, no en los 98,21 que figuraban con corte a marzo de 2021. No hay contradicción entre las dos tablas, hay dos cortes, y el acumulado de esta arranca ya con la cifra corregida.

2023 es otro año partido, como 2017: el gobierno de Lasso terminó en noviembre.

El Ministerio dio estas cifras en dólares. El porcentaje del plan y el acumulado son cálculo nuestro, sobre el mismo plan de 2.964,95 millones que usa la tabla anterior, para que las dos series se puedan leer seguidas.

De 2024 en adelante no hay ninguna cifra pública de ejecución anual del plan. Lo que sí hay son decisiones administrativas y obras sueltas: en agosto de 2024 el Estado despriorizó formalmente 118 proyectos por 350,6 millones de dólares, y en 2025 y 2026 se inauguraron obras con cargo a estos mismos fondos. Pero la serie, como serie, se deja de publicar.

En ocho años, de 2016 a 2023, se ejecutaron 2.373,12 millones de dólares. El 74% de todo eso ocurrió en los dos primeros años.

Los 631 millones que quedaron sin asignar

El plan aprobado eran 2.964,95 millones de dólares y la ejecución nunca llegó ahí. Falta decir qué pasó con el resto.

Al 31 de marzo de 2021 quedaban 631 millones de dólares sin asignar a ninguna obra. El propio Ministerio de Finanzas explicó ante la Comisión qué eran: el saldo de la cuenta de la Ley de Solidaridad, más créditos ya programados, más donaciones previstas.

Tres años después, en febrero de 2024, el saldo de esa cuenta era de 117 millones.

La Asamblea preguntó por la diferencia, con todas sus letras:

«¿Cuánto dinero hay realmente en las cuentas de la reconstrucción? […] ¿La diferencia entre los 630 millones en el 2021 menos el saldo actual de 117 millones, qué destino tuvieron? ¿Dónde fueron invertidos?»

La respuesta del Ministro explica buena parte. Como el ritmo de ejecución no permitía pedir los desembolsos antes de que los créditos vencieran, el Ministerio rescindió valores e hizo devoluciones. Y del crédito del Banco Europeo de Inversiones, que en el cuadro de 2021 figuraba con 175 millones, se redireccionaron 100 millones al programa de vacunación.

Conviene leer eso despacio. Ese dinero no se lo llevó nadie. Se perdió para Manabí y Esmeraldas porque no se ejecutó a tiempo: los créditos que no se usan, vencen. La decisión de no ejecutarlos se tomó toda después de 2017.

Sobre eso no hay proceso penal.

De dónde salía cada dólar

El plan tenía cuatro fuentes de financiamiento, y no todas corrieron la misma suerte. Esta tabla mide el mismo período cerrado que la primera, 2016-2020.

Fuente Presupuestado (millones) Ejecutado (millones) % ejecutado No ejecutado
Ley de Solidaridad 1.623,96 1.521,12 93,67% 102,84
Créditos (BEI, BID, EXIMBANK, BM) 973,92 471,94 48,46% 501,98
Fiscales 202,56 151,96 75,02% 50,60
Donación (China, privadas) 164,51 28,62 17,40% 135,89
Total 2.964,95 2.173,64 73,31% 791,31

«Presupuestado» es el dinero que el plan tenía contemplado por cada fuente. No significa que todo llegara a asignarse a una obra concreta: de ahí salen los 631 millones del apartado anterior.

La Ley de Solidaridad fue el dinero propio del país, el que aportaron los ecuatorianos. Es la fuente con el nivel de ejecución más alto: 93,67%.

Aquí hay que ser exacto, porque la cifra se presta a confusión. Ese 93,67% mide planificación, compromiso y ejecución presupuestaria. No significa que el 94% de las obras físicas esté terminado. Una parte importante de esos recursos se destinó a servir de contraparte nacional de los créditos internacionales. Cuando los gobiernos posteriores no desembolsaron esos créditos, la contraparte tampoco se convirtió en obra.

Lo que quedó sin ejecutar fueron, sobre todo, créditos y donaciones: 501,98 millones de créditos y 135,89 millones de donaciones. Ese dinero dependía de decisiones de desembolso que se tomaron después de 2017.

Por qué esto importa

La sentencia se apoya en una idea: que los recursos de la reconstrucción se perdieron entre 2016 y 2017, y que por eso la reconstrucción no continuó.

Los números del Ministerio de Finanzas dicen lo contrario. El período en que más se ejecutó es exactamente el período por el que se condenó. Y la fuente que mejor se ejecutó es la fuente propia del plan.

Lo que sí falta son 631 millones que nunca se asignaron a ninguna obra y 501,98 millones de créditos que nunca se desembolsaron. Y buena parte de eso dejó de estar disponible no porque alguien se lo llevara, sino porque los créditos vencieron sin usarse. Ninguna de esas decisiones se tomó antes de mayo de 2017.

La reconstrucción no se detuvo por falta de dinero en 2017. Se detuvo después.


Fuentes: Informe de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Tablas 1 y 2, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas y corte al 31 de marzo de 2021. Las cifras de 2020 a 2023 y el saldo de la cuenta provienen de la comparecencia del Ministro de Finanzas subrogante ante la Comisión, Sesión No. 024-2023-2025 del 1 de marzo de 2024. La sentencia de primera instancia no está ejecutoriada: el caso está en apelación.

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